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Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes sobre el “grave riesgo” que representa para las ONG el proyecto de ley de regularización que intenta aprobar la Asamblea Nacional, de mayoría chavista.
“Todas las ONG tendrán que cumplir con las medidas abusivas o afrontar procesos penales”, afirmó AI en un comunicado.
“Tales medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y a sus beneficiarios en grave riesgo de represalias y criminalización”, señalaron.
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Amnistía Internacional también compartió una carta enviada a Jorge Rodríguez, presidente de ese parlamento. En la carta, expresan su preocupación por la reactivación de este proyecto de ley de las ONG.
En este momento aún se encuentra a la espera de discusión y circunstancias para su total aprobación. Esto se llevará a cabo después de una consulta pública que comenzó el 9 de enero.
Por último, AI instó a la Asamblea Nacional a “poner fin inmediatamente” al proyecto de ley, además de “a todos los ataques a la sociedad civil”.
LEY “SEVERA”.
Según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, la ley impulsada por el parlamento para supervisar y regular a las ONG en Venezuela será muy severa.
“Ya iniciamos la consulta pública, algunos ya comenzaron a gritar. Pero alimentar al gallo con las ONG de este país se acabó”, afirmó Cabello en la última emisión de su programa semanal Con el Mazo Dando.
Entre las ONG que nombró se encuentra el Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea). “Tendrán que rendir cuentas hasta el último centavo”, afirmó.
Por su parte, el diputado chavista Julio García Zerpa explicó que las ONG tienen prohibido recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos. Así como realizar actividades políticas. Promover y posibilitar acciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. Y cualquier otro acto prohibido por las leyes venezolanas.
“¿Cuál es el castigo si esto sucede? Contra las ONG se pueden tomar medidas administrativas proporcionadas y adecuadas mediante la apertura de un procedimiento administrativo que puede implicar la suspensión de actividades y la disolución de oficio de la ONG. “Perdería su personalidad jurídica”, señaló.
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