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Profundo malestar causa hoy en Chile una propuesta del extremista Partido Republicano de incluir en el proyecto de Constitución un artículo que beneficie a los presos mayores de 75 años en arresto domiciliario.
Organizaciones humanitarias y organizaciones de víctimas de la represión durante la dictadura militar (1973-1990) dijeron que detrás de una iniciativa aparentemente humanitaria estaba la intención de liberar a los condenados por los graves delitos cometidos durante esos años.
La vicepresidencia de Derechos Humanos del Partido Socialista de Chile manifestó este viernes su rechazo a la maniobra encubierta de impunidad, presentada al Consejo Constitucional por los republicanos.
Pretenden, señala la entidad, eludir el compromiso del Estado de hacer justicia en todos los crímenes de lesa humanidad y el pedido de cumplimiento efectivo de la sanción impuesta.
Aunque quedan muchos actos brutales, como secuestros, torturas y asesinatos, aún impunes, se ha logrado enjuiciar y encarcelar a un grupo de exmilitares y agentes del régimen de Augusto Pinochet, muchos de los cuales se encuentran recluidos en la cárcel de Punta Peuco.
El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, dijo que la propuesta tiene como objetivo liberar y enviar a casa a los condenados por delitos graves, que no tienen prescripción ni pueden ser amnistiados.
Actualmente hay más de 50.000 presos en Chile y solo 265 de ellos tienen más de 75 años, incluidos 153 condenados por crímenes de lesa humanidad.
De ser aceptada la propuesta, algo muy probable por parte de la mayoría de los republicanos en el Consejo Constitucional, dijo Cordero, se afectará el derecho internacional y los tratados suscritos y ratificados por Chile en la materia.
Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, advirtió que esta es una forma cruel de liberar a los delincuentes y de burlar la lucha de los familiares de las víctimas y de todos los que simpatizan con su causa.
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