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Decenas de miles de personas marcharon por las calles de varias ciudades francesas el domingo para pedir al presidente Emmanuel Macron que no promulgue una nueva y estricta legislación de inmigración que, según dicen, lleva la huella de la extrema derecha y traiciona los valores franceses.
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Según el Ministerio del Interior, participaron 75.000 personas en todo el país, 16.000 de ellas en París. El sindicato de extrema izquierda CGT estima en 150.000 el número de manifestantes en todo el país.
El momento de las protestas fue crucial, cuatro días antes de que el Consejo Constitucional decida el jueves si todos los artículos de la ley –adoptada en diciembre– cumplen con la Constitución francesa.
El proyecto de ley fortalece la capacidad de Francia para expulsar a los extranjeros considerados indeseables y dificulta que los extranjeros se beneficien de la asistencia social, entre otras medidas.
La manifestación fue convocada por 200 figuras de diversos sectores, incluidas las artes y los sindicatos. La ley “fue escrita por dictado de traficantes de odio que sueñan con imponer su proyecto de 'preferencia nacional' a Francia”, escribieron los firmantes de la convocatoria de la marcha.
La preferencia nacional, que los franceses, y no los extranjeros, se beneficien de la riqueza del país, ha sido durante mucho tiempo el lema del partido de extrema derecha Agrupación Nacional.
Macron apoyó la ley durante su tortuoso recorrido por el parlamento pero, inusualmente, dijo que algunos artículos parecían inconstitucionales. El periódico Le Monde citó recientemente a un funcionario anónimo del Ministerio del Interior diciendo que “una buena docena” de artículos podrían ser invalidados por el Consejo Constitucional.
Algunos artículos de la ley dificultan la llegada de familiares a Francia: por ejemplo, un solicitante que intente reunirse con su cónyuge deberá demostrar conocimientos de la lengua francesa. También se espera que el tribunal examine normas más estrictas para beneficiarse de servicios sociales y vivienda o restablezca una ley abolida en 2012 que hace ilegal que un extranjero permanezca en Francia sin documentos de residencia.
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La ley de inmigración refleja lo que parece ser el intento más reciente del centrista Macron de inclinar el gobierno hacia la derecha, particularmente en el período previo a las elecciones europeas de junio, donde la extrema derecha está ganando popularidad, según las encuestas de los analistas.
También se vislumbra en el horizonte la posibilidad de una victoria en las elecciones presidenciales de 2027 de la líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen. Después de dos mandatos presidenciales, Macron no estará en la carrera.
(PENSILVANIA)
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