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Los diputados de la Asamblea Nacional elegidos en 2020 han comenzado la consulta pública para la aprobación de la Ley con la que se pretende fiscalizar y regular el funcionamiento de las ONG en Venezuela.
El diputado chavista Julio García Zerpa explicó que las ONG tienen prohibido recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos. Así como realizar actividades políticas. Promover y posibilitar acciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. Y cualquier otro acto prohibido por las leyes venezolanas.
“¿Cuál es el castigo si esto sucede? Se pueden tomar medidas administrativas proporcionadas y apropiadas contra las ONG abriendo un procedimiento administrativo que podrá implicar la suspensión de actividades y la disolución de oficio de la ONG. “Perdería su personalidad jurídica”, señaló.
Además, podrán ser sancionados por no cumplir con la obligación de inscribirse en el registro. Incumplimiento de la obligación de registrar documentos. No mantener actualizados los registros contables. Incumplimiento de la obligación de ayudar al Estado en su actividad.
“¿Cuál es la pena por estas faltas formales? Una sanción pecuniaria, independientemente de lo que corresponda a las sanciones civiles, administrativas y penales que puedan surgir por sus actuaciones”, enfatizó.
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La ONG Provea denunció que “ataca los derechos de asociación y participación”.
OBLIGACIONES
Las ONG estarán obligadas a ingresar al Registro Unificado de Sujetos Obligatorios ante la Oficina Nacional Contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo. De aprobarse el proyecto de ley, tendrán que responder ante ese organismo. Si no lo hacen, se enfrentan a multas de hasta 12.000 dólares.
Por otra parte, tendrán la obligación de declarar la identidad de los donantes y el origen de los fondos que reciben.
“Es un acto inconstitucional, excedente de la ley y una grave violación de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, afirmó Provea. Al mismo tiempo acusó al chavismo de querer criminalizar a las organizaciones autónomas e independientes de la sociedad civil.
Además, la ley enfatiza que Las ONG domiciliadas en el exterior “podrán operar en el país sólo después de obtener autorización al respecto” el cual será otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
ONG DE VENEZUELA
Pedro Infante Aparicio, primer vicepresidente de la AN, enfatizó que hay organizaciones que tienen una fachada social, con la que ocultan sus intenciones políticas.
“Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Institutos de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Más Ciudadanos, entre otros, varios de ellos, relacionados con dos partidos políticos, Voluntad Popular y Primero Justicia”, comentó.
Aunque, enfatizó que “hay muchas ONG, creemos, que no están relacionadas con la política. “Estas ONG no deberían preocuparse por una ley como esta.”
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