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Se aprueban medidas para facilitar la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos
La nueva ley de inmigración del Gobierno francés, que se presentó como equilibrada y que ha iniciado estos días su andadura parlamentaria, ha fortaleció su contenido. En la primera semana de debates en el Senado, que finalizó el viernes, se aprobaron medidas para facilitar la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, no respeten los valores de la República o representen una seria amenaza para el país. Es más, se ha descafeinado el único elemento que podría satisfacer a la izquierda y a las asociaciones de inmigrantes: el de la regularización de indocumentados trabajando en empleos donde casi no hay mano de obra.
El debate comenzó el lunes. El Ministro del Interior, Grald Darmanin, había dicho que el proyecto pretendía ser buenos con los buenos y malos con los malos. El texto original contenía medidas para por favor izquierda y derecha. Sin embargo, día a día se fue modificando el contenido, haciendo más concesiones a estos últimos, que consideraban el texto demasiado laxo. El lunes, por ejemplo, votaron a favor de retirar el dispositivo sanitario estatal del que los indocumentados se beneficiaron. En cambio, habrá ayuda médica de emergencia.
Las deportaciones son más fáciles, las solicitudes de asilo son complicadas y las condiciones para la reunificación familiar también son más estrictas. El artículo que prevé la regularización de las personas en situación ilegal que trabajan en sectores sin mano de obra, como la hostelería o la construcción, sigue siendo mínimo.
Ahora, lo que se ha votado es que serán los prefectos de cada región quienes evalúen cada caso individual, evaluando no sólo el trabajo que realiza el inmigrante, sino también su integración y si respeta los valores de la República. El Partido Republicano, clave para que el Gobierno avance el texto en la Asamblea, pidió ser eliminado. También la extrema derecha. Fue una de las pocas concesiones a la izquierda, que desde el principio calificó el texto de excesivamente restrictivo.
Uno de los objetivos prioritarios es facilitar la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos. Para ello, se eliminarán las protecciones de las que disfrutan algunos que impiden que sean despedidos. Este es el caso, por ejemplo, de los menores de 13 años que llegan a territorio francés.
Por este motivo, el yihadista de origen checheno que apuñaló a un profesor hace poco más de un mes en un instituto del norte del país no pudo ser expulsado de Francia. A pesar de estar fichado por radicalización, llegó a Francia cuando tenía menos de 13 años.
Quienes ya tienen una pena definitiva de más de cinco años de prisión No se beneficiarán de esta protección.. Darmanin, que publicó en Twitter (ahora los franceses no entienden que alguien que ha cometido un delito no puede ser expulsado), denunció al ministro.
También se les revocará el permiso de residencia no respetas los valores de la republica. Éstas, según el texto, son la libertad personal, la libertad de expresión y de conciencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la dignidad humana y el respeto a los símbolos de la República.
Llevar ostentosas vestimentas religiosas o escupir a la bandera francesa durante una ceremonia patriótica son algunos ejemplos de desprecio por los valores antes mencionados, como lo ilustra Darmanin en el Senado.
Otra medida controvertida: hasta ahora, los niños nacidos en Francia de padres extranjeros obtienen automáticamente la nacionalidad al alcanzar la mayoría de edad. Este derecho se elimina y tendrán que hacer esto. Pídelo expresamente de 16 a 18 años. Y aquellos que hayan sido condenados a una pena de prisión de más de seis meses no podrán hacerlo.
Asociaciones de inmigrantes y antirracismo escribieron una carta a la primera ministra, Elisabeth Borne, para criticar esta restricción de derechos hasta ahora desconocida. Acceso a la nacionalidad francesa favorece la inmigración, había defendido la senadora republicana Valrie Boyer. El texto puso fin al debate de hoy en el Senado, donde será votado el próximo martes. Luego pasará a la Asamblea, que comenzará su tramitación el 11 de diciembre. La idea es que entre en vigor a principios del próximo año.
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