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Un informe presentado este martes por una misión de las Naciones Unidas, en el que denuncia que jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, aporta nuevos insumos para la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en suspenso desde abril, dicen ONG.
El director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, aseguró que se trata de un «riguroso» informe que aporta «insumos para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía» de la CPI, ya que «pone de manifiesto» que en Venezuela «no se investigan las cadenas de mando», debido a que en esos hechos «están involucradas las más altas instancias del Estado».
«Solo se limitan a hacer, en casos muy contados, responsables a autores materiales cuando en realidad se trata de políticas de Estado que se vienen ejecutando de una manera sistemática», argumentó.
La misión de la ONU, que asegura haber documentado los casos de 173 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en centros de servicios de inteligencia, señaló este martes que «el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia».
«El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos», afirma el informe de la misión.
«No es un hecho aislado»
A juicio de la abogada venezolana Sara Fernández, el informe muestra que la tortura en Venezuela «no es un hecho aislado, (sino que) forma parte de un plan delineado por altos funcionarios del gobierno».
La especialista en Derecho Internacional señaló, en una actividad de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, que el informe «deja un número importante de evidencias e indicios que pueden ser utilizados» por la Fiscalía de la CPI «para ver en qué medida estos funcionarios estuvieron involucrados en el modus operandi».
La investigación de la Fiscalía de la CPI está en suspenso desde abril, cuando el gobierno pidió al alto tribunal «abstenerse formalmente» de la misma «en favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela».
El fiscal de la CPI, Karim Khan, decidió ese mes solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo la reanudación de la investigación.
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