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El Ministerio Público solicitó la apertura de juicio a 22 personas detenidas en el operativo Anticorrupción iniciado por el Poder Judicial el pasado 17 de marzo.
A esa fecha se emitieron 81 órdenes de aprehensión, de las cuales se ejecutaron 61, correspondientes a igual número de personas, presuntamente involucradas en actos de corrupción detectados en el Poder Judicial, las alcaldías, así como en las empresas estatales PDVSA, Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela (Cartoven).
La mayor parte de los detenidos pertenecen o están vinculados a la industria petrolera, con un total de 41, según cifras proporcionadas en varias ocasiones por el fiscal, Tarek William Saab.
De las 61 personas privadas de libertad, el Ministerio Público cerró la investigación sobre 22: 13 empresarios y nueve funcionarios.
Los 22 trabajaban segmentados en tres grupos que aceptaron el desfalco de PDVSA, según la investigación del Ministerio Público fundamentada con aportes elaborados por la Policía Nacional Anticorrupción.
Ese desfalco asciende a $5.550.544.290,74, según los datos aportados por la Fiscalía en el escrito presentado al Juzgado Especial de Control de Caracas 2 con competencia en materia de corrupción y delitos conexos para solicitar el juicio de los 22.
La Fiscalía dice en el escrito de acusación al que tuvimos acceso que estas 22 personas participaban en “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos, quienes haciendo uso de su cargo y niveles de autoridad procedieron a realizar operaciones petroleras paralelas, mediante la asignación de bienes de crudo (buques) por parte de PDVSA a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, sin ningún tipo de control (personas naturales) y de ningún tipo”.
El fruto de las ventas de ese petróleo atribuido no ingresó a la República, sino que fue desviado a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.
Como jefe de esta red de corrupción, la Fiscalía ubica al coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de la estatal petrolera y quien ordenó la construcción de una oficina “irregular de PDVSA-La Campiña”.
La oficina se denominaba Unidad Especial de Trabajo, desde donde se despachaba a Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo, “procesando información clasificada de PDVSA sin vincularse personalmente a la nómina, donde además se restringía el acceso con un sistema de seguridad que solo podían ingresar estos ciudadanos, manejando además grandes cantidades de efectivo y era el espacio donde se realizaban las reuniones con este grupo de operadores financieros”, dice la Fiscalía.
El Ministerio Público detalla con nombre y apellidos quiénes formaron parte de esa red de corrupción y para quienes solicita la apertura de un juicio.
Entre ellos se encuentran Joselit Ramírez (extitular de Sunacrip), José Agustín Ramos Chirinos (presidente de PDVSA-Puertos), Odoardo José Bordones, Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la Vicepresidencia de Comercio y Abastecimiento.
De igual forma, la Fiscalía solicita el enjuiciamiento de Rajiv Mosqueda y Renny Barrientos, ambos adscritos a la Sunacrip.
Estos funcionarios trabajaron junto a los empresarios Manuel Meneces, Roger Ramírez, Juan Manuel Alfonso López, Rafael Perdomo, Vicente Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Vivas, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Ximena Parada, Fernando Bermúdez, Eduardo Noriega, José Luis Fernandiz Laya, Railín Elizabeth Londondoz Laya, Railín Elizabeth Londondos Enrique, Jaime Torres, Jaime Rodríguez, Jaime Torres, Jaime Torres, Alejandro Arroyo ravic del Valle Ravelo.
Los funcionarios que trabajaron con Pérez Suárez no reportaron los pagos por la cesión de gasolineras y cargamentos de crudo a las cuentas de Pdvsa. Por el contrario, “las sociedades gestoras liquidaron directamente en los domicilios a cargo de estos demandados, a través de depósitos bancarios, la plataforma Patria (subvencionada e integral) y efectivo. De igual manera, este ciudadano (Pérez Suárez) autorizó la emisión de pagos a contratistas sin realizar el registro correspondiente en el Sistema SAP, permitiendo así que terceros se apropien de recursos del Estado venezolano”, dice el Ministerio Público.
Los regalos del tren
El diputado Hugbel Roa es otro de los señalados en la acusación presentada por el Ministerio Público ante el tribunal correspondiente.
Roa actuó como intermediario entre los empresarios y Pérez Suárez, según la Fiscalía.
En otro documento, la Fiscalía solicitó el enjuiciamiento de Cristóbal Cornieles y José Maxcimino Márquez García, expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y exjuez 4° antiterrorista. Ambos están acusados de obtener dádivas para favorecer la liberación emitida a favor de Oswaldo Cheremos, figurado como socio de Tren del Llano.
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