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La justicia argentina ha confirmado, 30 años después del atentado en el que murieron 85 personas, que Irán estuvo detrás de la masacre, que definió como un “crimen contra la humanidad” y por el que pidió una reforma legal a nivel internacional para permitir que los perpetradores sean juzgados y condenados.
Un coche bomba se estrelló el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Israelí de Mutualidades Argentinas (AMIA), con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Según la Corte Federal de Casación Penal, en decisión conocida la noche del jueves, Irán es un “estado terrorista”.
El fallo determinó que tanto el ataque a la embajada de Israel en marzo de 1992, que dejó 29 muertos, como el atentado a la AMIA fueron una respuesta a una “la decisión política y estratégica de la República Islámica del Irán”, y fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbolá “que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiación de organizaciones estatales y paraestatales subordinadas al gobierno de los ayatolás”, afirmó. Clarinete.
Según los jueces, el atentado de 1994 es un “crimen contra la humanidad”, lo que implica que tampoco prescribe que el principio de “jurisdicción universal” se extienda a ella, según el cual cualquier Estado puede procesar y condenar a sus autores.
El fallo señala que esta solicitud podría ser realizada por Argentina a través de la vía diplomática, a través de un tribunal arbitral o de la Corte Internacional de Justicia.
En este contexto, pregunte a los magistrados reformas legales internacionales que les permitan juzgar a los prófugos “in absentia”.
“Sería imperativo regular las conductas internacionalmente ilícitas de los Estados de manera clara, precisa y exhaustiva”, escribió el juez Carlos Mahiques, quien propuso que “la competencia para juzgar tales conductas se confíe a una Corte Internacional imparcial, en el ejercicio de jurisdicción obligatoria.” “. Así, propone una reforma de las normas de Naciones Unidas para el Derecho Penal Internacional.
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