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La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en Perú, APRODEH, Perú-Equidad y CEDAL, denuncian que las instituciones estatales se han desestabilizado y que las conquistas sociales y civiles en materia de derechos humanos se han revertido en el último año. .
La FIDH en su informe “Perú: avance del autoritarismo y retroceso de derechos”, destaca que el proyecto político conservador y antiderechos del Gobierno de Dina Boluarte ha llevado a la grave crisis que atraviesa actualmente el país latinoamericano.
Destaca tres hechos como evidencia de que hay un proceso evidente en el Congreso de captura de las instituciones democráticas.
En ese sentido, menciona la Toma de la Corte Constitucional, al elegir, en 2022, “magistrados no solo conservadores, sino también con prerrogativas académicas y legales insuficientes”.
Asimismo, la intervención de los órganos electorales en febrero de 2023, mediante la reforma de la norma constitucional, para que los integrantes del Jurado Nacional Electoral (JNE) y los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), puede ser acusada constitucionalmente ante el Congreso de la República.
Y por último, el nombramiento de un Defensor del Pueblo, en mayo de 2023, sin la idoneidad necesaria para ello.
En los mencionados documentoLa FIDH critica la “brutalidad represiva” durante las protestas sociales contra la actual administración que “dejaron un saldo de sesenta y siete muertos”.
Al respecto, indica que algunos de los homicidios podrían ser calificados como ejecuciones extrajudiciales porque fueron causados por armas pertenecientes a las fuerzas armadas y cuyo patrón de lesiones involucra disparos en la parte superior del torso”.
Por otro lado, resaltó el papel del Ministerio Público que, desde la crisis de represión, más que investigar muertes y posibles casos de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos y responsables, “se ha volcado a la persecución y encauzamiento de ciudadanos que protestan, especialmente los líderes de las organizaciones involucradas”.
También aseguró que este organismo tiene un sesgo político porque, por ejemplo, se dedicó a “hacer un juicio político constitucional contra el entonces presidente Castillo, dejando de lado otros casos más antiguos”.
Advierte que “la tendencia dominante de estos poderes a revertir las conquistas de diversos derechos ha alentado y alentará el mantenimiento y aumento del rechazo a ambas instituciones. Y es muy probable que el intento injerencista en los demás poderes del Estado y la creciente crisis económica afecten el desarrollo de las movilizaciones ciudadanas y aumenten la desestabilización del país. “La tercera toma de Lima” prevista para los próximos días es un ejemplo de ello”, enfatiza el documento.
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