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El gobierno francés aún tiene que frenar la contratación a veces “inapropiada” de consultores, dijo el lunes el Tribunal de Cuentas del país, en respuesta a la protesta pública por un problema que obstaculizó la campaña de reelección del presidente Emmanuel Macron el año pasado.
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En un primer informe elaborado a raíz de las solicitudes de ciudadanos comunes, el tribunal dijo que contratar consultores se había convertido en “la opción fácil” para los funcionarios que enfrentan presupuestos ajustados y limitaciones de tiempo.
Su implicación había tocado “el corazón de las tareas de la administración” así como “la intervención en los procesos de toma de decisiones”, escribieron los oyentes.
Entre 2017, el año en que Macron fue elegido por primera vez, y 2021, el gasto estatal en consultores se triplicó a casi 234 millones de euros (257 millones de dólares), según el informe.
Esta cifra asciende a 890 millones de euros si incluimos los servicios de consultoría informática.
Un informe del Senado con hallazgos similares publicado en marzo de 2022 reforzó las sospechas de que el presidente y sus ministros estaban demasiado cerca de grupos de peso como McKinsey, con sede en EE. UU., cuyo nombre se ha convertido en un comentario común contra Macron antes de la votación de abril.
La pregunta fue una de las seis que tomó entonces el Tribunal de Cuentas sobre la base de una consulta pública.
Pero el tribunal señaló que el gasto del consejo fue solo el 0,04% del gasto estatal el año pasado.
“La externalización de parte de las misiones del servicio público no plantea objeción alguna en principio”, declararon los auditores
No obstante, el lugar del consejo debe ser “más adecuado y mejor controlado entre los diversos instrumentos de los que dispone la administración para llevar a cabo sus misiones”.
El tribunal pidió al gobierno que “modifique” una circular de enero de 2022 destinada a limitar el uso de consejos, que se había emitido “bajo la presión de los acontecimientos”.
La medida ya ha reducido el gasto en consultores, y el estado apunta a reducir esa cifra en un 35% este año en comparación con 2021.
Los auditores también dijeron que el estado debería devolver cierta capacidad al servicio civil y traer a sus propios empleados “siempre que sea posible”.
Los senadores franceses ya aprobaron un proyecto de ley con controles más estrictos sobre la contratación de empresas externas, aunque los parlamentarios aún no lo han debatido.
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