Los investigadores independientes del caso Iguala denuncian el “ocultamiento” de información al término de su misión

Los investigadores independientes del caso Iguala denuncian el "ocultamiento" de información al término de su misión

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  • testigo directo Los 43 estudiantes de Iguala: muertos para el Estado, pero no para sus familiares

“Llorar en casa y pelear afuera”. Así lo animó Estela de Carlotto, presidenta y fundadora de Abuelas Plaza de Mayo en Argentina, la semana pasada a las madres mexicanas que aún buscan a sus desaparecidos. En un acto desde la Ciudad de México, la activista aludió al caso Ayotzinapa, también conocido como el caso Iguala o el caso de los 43 estudiantes. De estos jóvenes no se sabe nada desde el 26 de septiembre de 2014. Años de engorrosa investigación sobre los que, este martes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su último informe.

“Escondiendo e insistiendo en negar cosas que son obvias” Estos son los impedimentos que ha encontrado la organización para realizar su trabajo, señaló el experto Carlos Beristain, en la presentación del sexto informe del grupo, cuyo mandato finaliza este mes y que trabaja desde hace más de ocho años en este hecho que conmocionó al país.

“Es imposible que el GIEI continúe con su mandato y como las cosas no cambian, damos por hecho nuestro trabajo”, continuó. “El riesgo es que la mentira se institucionalice como respuesta”advirtió el español. “El músculo del Estado estuvo presente, actuaron y no protegieron. Sabían lo que pasó, eso en sí pasó a ser una responsabilidad del Estado”, concluyó luego de una extensa presentación en la que se explicaron las versiones contradictorias, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo conexiones constantes con las distintas autoridades el día de la desaparición del joven -con los peritos del movimiento, la información del centro de vigilancia obtuvo 4 información de los peritos. llamadas-, que los militares estaban “ajustando las declaraciones”, que hubo manipulación de la información y que la Armada estuvo en el lugar “el 27, no el 29”.

También se dieron detalles de la confusión sobre el paradero de los jóvenes, quienes presuntamente fueron divididos en varios grupos y no fueron llevados. “Ni en el mismo lugar, ni en el mismo escenario, ni en el basurero de Cocula”dijo Ángela Buitrago, la otra integrante del GIEI que apareció en la presentación del martes.

Beristain insistió en la “intencionalidad” detrás de las “negaciones” y las “mentiras”. Además de asegurar que “no se cierra el caso hasta que no se resuelva la suerte y el paradero de los jóvenes”. Buitrago, respondiendo a las preguntas de los periodistas, aseguró que este tipo de casos pueden salir de la órbita de la justicia internacional, pero que ya depende de los familiares, a quienes reconoció la valentía de quienes hicieron pancarta en estos años y a quienes pidió “atención” al Estado. “Se debe reparar integralmente y evitar la estigmatización”pidió la experta Buitrago en sus recomendaciones, ya que “los supervivientes son las víctimas de los hechos”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha comprometido a continuar con la investigación tras la marcha del GIEI, a pesar de que el próximo año habrá elecciones en México y por ende un cambio de gobierno.

El GIEI fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, en colaboración con el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, pudiera brindar asistencia en el caso. El grupo está formado por especialistas de varios sectores (desde médicos hasta abogados) y nacionalidades.

“Verdad Histórica”

La versión que dio en su momento el gobierno de Enrique Pea Nieto fue que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa habían robado unos buses para ir a una manifestación, los cuales fueron interceptados por la policía de Iguala, quienes a su vez entregaron a los jóvenes a los delincuentes de Guerreros Unidos. Ese grupo supuestamente los asesinó y cremaron sus cuerpos en el vertedero de Cocula. Esta narración de hechos pasó a ser conocida como “verdad histórica”, pero no fue apoyada por el GIEI. Cuando López Obrador llegó al poder, decidió crear una Comisión de la Verdad para el caso.

Al parecer, el mayor avance se dio en agosto pasado, cuando el subprocurador Alejandro Encinas admitió que lo que les sucedió a esos jóvenes fue “un crimen de estado”, en el cual el Ejército y funcionarios del gobierno habrían jugado un papel importante. Sin embargo, el GIEI no validó las capturas de pantalla de conversaciones entre autoridades y delincuentes presentadas por Encinas. Hasta la fecha, solo tres de los jóvenes han sido identificados.

Como recuerda el diario mexicano díaexpertos del GIEI enfrentó obstáculos en la realización de la investigación. Tuvieron la oposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejecutivo Pea Nieto los expulsó de México luego de que presentaran su segundo informe y regresaran con López Obrador, pero llegó el momento. Detener de la pandemia del coronavirus. Sus mayores logros fueron desterrar la mencionada “verdad histórica”, señalar con el dedo al Ejército y facilitar el encarcelamiento de algunos culpables..

Sin embargo, la Sedena guarda en secreto pistas clave, asegura el diario mexicano. En los cinco informes anteriores denunciaron torturas, espionaje estudiantil, encubrimientos y, en el último de marzo, denunciaron entorpecimiento de la investigación y ocultamiento de información.

el problema de la desaparición

Según el último informe de Amnistía Internacional, 2022 terminó en México con más de 109,000 casos de desaparecidos y desaparecidos. Una asignatura pendiente para el país, según la ONG, ya que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU expuso en un documento la crisis forense existente, al señalar que el Estado tenía bajo su custodia más de 52.000 cuerpos no identificados. El año pasado también fue el más mortífero para la prensa del país.

En tanto, López Obrador pronosticó el martes una reducción del 20 por ciento en los homicidios al final de su gobierno. El país celebrará elecciones presidenciales en 2024.

México no es la única nación en la región donde los jóvenes son atacados. En Nicaragua, durante las protestas de 2018 contra el gobierno sandinista, estudiantes resultaron heridos e incluso murieron. El capítulo más oscuro fue el vivido en la Iglesia Divina Misericordia en Managua. Allí murieron dos jóvenes que se refugiaron en el edificio con otros estudiantes, sacerdotes y periodistas de la represión ejercida por policías y paramilitares.

La pelota está ahora en el tejado de las instituciones mexicanas. “La lucha continúa”gritaron los familiares presentes en la presentación.



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