Luis Cordero: “Hay tensión en la élite política, pero la sociedad chilena exige acuerdos”

Medio siglo después del golpe de Pinochet, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile lanza el Plan Nacional de Búsqueda, para buscar presos desaparecidos de los que aún no hay noticias.

Chile todavía tiene deudas importantes con su pasado, pero el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Corderocree que su país tiene buenas razones para ser optimista acerca de esa catarsis venidera, y recurre a Gabriel García Márquez para explicar por qué.

“A García Márquez le costó entender algo sobre los chilenos, que éramos tan dependientes de la ley y las buenas costumbres. Persistiremos institucionalmente hasta que podamos resolver ese pacto“, dijo Cordero en una entrevista con EL MUNDO en la que se conmemora el aniversario del 11 de septiembre, que en 1973 marcó la caída de Salvador Allendefue el tema central, sin olvidar el embrollo constitucional en el que está envuelto el país.

Cuando Cordero, abogado e hijo de un policía, habla de “arreglar el pacto”, se refiere al proceso constitucional. Luego de dos años de efervescencia constituyente, el rechazo del texto propuesto en un plebiscito calmó esa euforia. El lunes, cuando el Palacio de La Moneda sea el centro de los acontecimientos por el golpe que inició la dictadura de 17 años de Pinochet, Chile reabrirá sus heridas con una noticia: El plan nacional de búsqueda, a cargo de Cordero, cuyo objetivo es dar con el paradero de reclusos desaparecidos que aún se desconocen. Hasta la fecha, de los 1.400 desaparecidos, sólo se han encontrado e identificado los restos óseos de 307 personas.

Medio siglo desde el golpe. ¿Qué está pasando hoy en Chile?

Septiembre es un mes muy paradójico en Chile, porque también se celebran Fiestas Patrias. Septiembre de luto es un septiembre en el que se discuten los motivos de la pérdida de la democracia, pero también las violaciones de los derechos humanos. En estos 50 años parece que las diferencias básicas, especialmente entre la clase política, están mucho más expuestas que antes.

¿Quién está más avanzado, la clase política o la sociedad? O menos tarde, si se quiere.

Lo que tenemos es una discrepancia y una tensión muy evidente en la elite política, pero la sociedad chilena exige acuerdos. Una encuesta reciente mostró que casi el 58% de los chilenos cree que es relevante que el Estado haga esfuerzos para averiguar el paradero de los detenidos desaparecidos. Eso revela un compromiso con los derechos humanos. Por otro lado, la clase política está enfrascada en una polémica sobre los motivos del golpe, aunque existe un consenso mayoritario común de que no hay ninguna razón que justifique la violación sistemática de los derechos humanos. Esto no puede volver a suceder.

¿Qué es el Plan Nacional de Investigación?

Desde el regreso de la democracia, la sociedad chilena se ha movido en dos direcciones: por un lado, las comisiones de la verdad, tanto de las desapariciones forzadas como de las torturas y las prisiones políticas, en dos informes muy significativos, Rettig y Valec. Por otro lado, el arresto de Pinochet en Londres permitió al poder judicial chileno nombrar jueces exclusivos para casos de violaciones de derechos humanos. Hay pocos países en el mundo que puedan demostrarlo. Pero eso sólo tuvo un efecto: limitar esta discusión estrictamente a los pasillos de la sala del tribunal, dejando que gran parte de la responsabilidad recayera sobre los hombros de los familiares. El Plan Nacional de Búsqueda lo que hace es convertirlo en política pública permanente, dado que fue el Estado el que cometió esos crímenes, fueron sus funcionarios.

Ya no es un “búscalos”, dirigido a familiares, sino un “vamos a buscarlos” desde el Estado.

Precisamente, es una responsabilidad activa del Estado para este fin. Tengo cuidado al comparar experiencias porque los países definen sus acuerdos de manera muy diferente. La forma en que Chile lo abordó fue ésta: comisiones de la verdad, independencia judicial y ahora el Plan de Búsqueda.

¿Cuál es el principal obstáculo para el éxito del Plan de Búsqueda?

Lo primero es que, a diferencia de lo que ocurría hace 20 o 30 años, hoy hay una gran cantidad de información almacenada en expedientes judiciales, dispersa, sin trabajar. El riesgo que enfrentamos es el de personas que tienen esa información y aún así no la brindan. El tiempo siempre tiene un riesgo, el de generar las condiciones de impunidad. Por la pérdida de pruebas, por la edad de los perpetradores, de los familiares. Existe el riesgo de impunidad biológica. Pero Chile ha hecho esfuerzos para intentar recabar información, el Plan Nacional de Búsqueda no parte de cero.

Este Plan Nacional de Búsqueda cuenta con el apoyo de la coalición de gobierno y de la centroderecha moderada, pero no de José Antonio Kast de la derecha dura, ¿es así?

Del centro derecha moderado, explícitamente. Hasta el momento no hemos recibido ninguna objeción por parte de Kast. Durante el proceso de elaboración del plan me encontré con toda la oposición, algunos más activos, otros menos activos, pero nadie puso objeciones.

¿Ni los republicanos de Kast?

Estoy hablando de todo el espectro. Avanzar en el Plan Nacional de Búsqueda de Desapariciones Forzadas parece ser una condición mínima. Sin duda, el Estado ha cometido muchos errores que debe corregir.

¿Cual?

El principal, en materia de identificación forense a finales de los 90, que acabó revictimizando a muchas víctimas y familiares. De hecho, el Estado había actuado en ocasiones con bastante indolencia.

¿No es un obstáculo para cerrar las heridas y el propio Plan de Búsqueda el hecho de que un tercio de la población chilena justifique el golpe y elogie a Pinochet?

Esto le da más énfasis e importancia al Plan Nacional de Búsqueda, que no sólo se centra en la reparación de las víctimas, sino que también es muy relevante para la memoria. Los países pueden optar por olvidar o alabar la memoria, y yo soy de los que creen que la memoria juega un papel en tener la calidad del presente, pero sobre todo en proyectar la calidad del futuro. Si hay consenso en que los crímenes de lesa humanidad son inadmisibles, si hay acuerdo en que el Estado chileno debe hacer más para encontrar a los detenidos y desaparecidos, entonces hay buenas razones no sólo para las víctimas sino también para la democracia. el futuro.

¿No es el constante debate constitucional una trampa para el gobierno?

La constitución es un pacto común, el texto sagrado de los laicos. Mientras no resolvamos nuestro problema constitucional, seguiremos abordando nuestras fracturas, entre otras cosas porque el golpe de Estado no es sólo el colapso de las instituciones. Lo que representa el atentado a La Moneda es el fin de un ciclo democrático que ha sido muy significativo en el país. A García Márquez le resultó difícil entender algo sobre los chilenos, que éramos tan dependientes de las leyes y las formas. Persistiremos institucionalmente hasta que podamos resolver ese pacto.

¿Si salir de la Constitución de Pinochet termina en otra escrita por sus herederos?

Lo relevante aquí es la existencia de un texto común. Escribir un texto en democracia es asumir que no hay paternidades. Una cosa es redactar un texto constitucional con mayoría y otra hacerlo con el requisito de la ratificación popular. Y esta es la dinámica en la que se encuentra la sociedad chilena, que de alguna manera demuestra su obsesión institucional.

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