Durante los últimos 20 años la región selvática de Venezuela ha sido objeto de algunas medidas adoptadas por los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana, bien sea, con el pretexto de proteger un hábitat natural clave para la nación o de preservar para el Estado la explotación de sus recursos.
En 2009, Hugo Chávez tuvo que llegar a militarizar el Estado para expulsar a cientos de mineros. Otra iniciativa de Chávez, la creación del llamado Arco Minero del Orinoco, fue finalmente llevada a cabo en 2016 por su sucesor, Nicolás Maduro, en un área de 112.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, con la intención de promover una extracción de minerales al menos ordenada por parte de emprendimientos privados en alianza con el Estado.
El resultado sin duda ha sido nefasto generando: guerrilla, garimpeiros y bandas delictivas que se autodenominan “sindicatos” o “sistemas” financian sus actividades con el control, prácticamente sin resistencia, de las minas, del negocio de la extorsión y del tráfico de minerales, drogas y armas.
Una base de datos construida para esta investigación a partir de reportes militares y de prensa emitidos entre enero de 2018 y septiembre de 2021, permitió identificar siete grupos armados que ejercen en la zona su actividad, que se traduce en al menos 21 tipos de delitos.
En el Estado de Bolívar, por ejemplo, predominan mega bandas lideradas por cabecillas conocidos por sus apodos Toto, Fabio, Juancho, El Viejo y Run, entre otros, que se han hecho fuertes en los municipios Roscio, El Callao y Sifontes.
En el Estado de Amazonas, la porosidad de las fronteras con Colombia y Brasil resulta un factor fundamental. Allí impera la ley del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero desmovilizado después del proceso de paz, pero del que una facción decidió volver a las arma.
