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La ley impedirá que personas que ingresen ilegalmente al país soliciten asilo
El Parlamento británico aprobó, en la madrugada de este martes, una polémica ley sobre inmigración que prevé impedir la llegada de migrantes a Reino Unido ilegalmente puede solicitar asilo en el país.
El texto es una iniciativa clave para el primer ministro Rishi Sunak (conservador), que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad.
El presidente ha prometido “frenar” las llegadas de migrantes por el Canal de la Mancha, donde más de 45.000 personas llegaron de forma irregular a las costas inglesas en pequeñas embarcaciones en 2022. En lo que va de año, se han registrado más de 13.000 llegadas.
La ley ha recibido muchas críticas en el Reino Unido y también de organizaciones internacionales como la ONU, que el martes dijo que contraviene el derecho internacional.
La legislación está “en desacuerdo” con las obligaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y los refugiados, dijeron en un comunicado los respectivos jefes de las agencias de la ONU responsables de los temas. Volker Trk y filipo grandi.
Además de impedir que los inmigrantes ilegales soliciten asilo en el país, el gobierno británico quiere que sean detenidos y deportados rápidamente, ya sea a su país de origen o a otro estado como Ruanda, independientemente de su procedencia.
El año pasado, el Reino Unido llegó a un acuerdo con Ruanda para enviar inmigrantes ilegales allí, pero hasta el momento no se han producido expulsiones. El primer vuelo bajo este pacto, previsto para junio de 2022, fue cancelado tras una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
A fines de junio, el tribunal declaró ilegal el proyecto, pero el gobierno anunció que apelaría la decisión.
El proyecto de ley de inmigración se ha estancado en el Parlamento durante semanas, ya que la Cámara de los Lores exigió numerosas enmiendas para restringir la detención de menores y prevenir formas de esclavitud moderna.
El texto deberá ser ratificado por el rey Carlos III para convertirse en ley.
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