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El Consejo Constitucional de Francia invalidó el jueves gran parte de una nueva y controvertida ley de inmigración que fue aprobada en el parlamento con el apoyo de la extrema derecha, dictaminando que las medidas eran inconstitucionales.
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El Consejo, responsable de validar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento, rechazó total o parcialmente 32 de los 86 artículos de la ley, en gran parte por razones de procedimiento.
En particular, descartó la mayoría de las cláusulas introducidas por legisladores de oposición de derecha para endurecer aún más el proyecto de ley durante un proceso parlamentario turbulento.
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Los opositores a la reforma habían acusado al gobierno del presidente Emmanuel Macron de ceder a las presiones de la extrema derecha para aprobar la ley en el Parlamento.
Alrededor de 75.000 personas salieron a las calles de todo el país este fin de semana para protestar contra el proyecto de ley, antes de la decisión del Consejo Constitucional.
A continuación se presentan algunas de las medidas clave rechazadas por el tribunal.
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Retraso en el acceso a las prestaciones sociales
El Consejo Constitucional rechazó un artículo clave que dificultaba el acceso de los inmigrantes a la asistencia social, lo que discriminaba a los ciudadanos franceses y a los extranjeros.
La legislación propuesta supeditaba el pago de determinadas prestaciones sociales a los extranjeros a su situación profesional.
Los inmigrantes desempleados habrían tenido que esperar cinco años antes de recibir la ayuda mensual para el alquiler, conocida como L, mientras que los que tenían empleo habrían esperado tres meses.
La medida fue vista como una importante concesión a la extrema derecha francesa y parte del partido conservador Les Républicains, que quieren que los ciudadanos franceses se beneficien de un estatus prioritario en la protección social.
El Consejo también rechazó la introducción de “cuotas” migratorias que habrían limitado el número de inmigrantes aceptados en Francia –excluidos los solicitantes de asilo– durante un período de tres años.
Esta medida había sido reconocida como inconstitucional por la propia coalición gobernante de Macron. Sin embargo, aceptó añadirlo al proyecto de ley revisado para obtener el apoyo de los republicanos, esperando que el Consejo Constitucional lo anule.
La medida llevó a los críticos a acusar a Macron de intentar echarle la culpa al Consejo Constitucional al presentar una legislación que sabía que era contraria a la ley fundamental de Francia.
El tribunal superior también rechazó una medida profundamente controvertida que dificulta que los inmigrantes traigan a sus familias a Francia.
El proyecto de ley estipulaba que los inmigrantes tenían que demostrar que habían residido en Francia durante 24 meses (frente a los 18 meses actuales) antes de solicitar traer a sus familias a Francia.
También exigía que los candidatos presentaran pruebas de unos ingresos “regulares” y de un seguro médico francés para cada miembro de la familia.
Estas exigencias habrían sido imposibles de cumplir, considera la diputada verde Mélanie Vogel argumentó durante los debates parlamentarios de noviembre.
“Si la familia de un extranjero no se encuentra en Francia, no estará afiliado a su seguridad social y su seguro privado en su país de origen no será válido en Francia”, aclaró.
(Con y )
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