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El tribunal más alto de Francia rechazó el martes una solicitud del fabricante de cemento francés Lafarge para desestimar los cargos de complicidad en crímenes contra la humanidad en una investigación sobre cómo mantuvo su fábrica en Siria después del estallido de la guerra en 2011.
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La sentencia, que confirma una decisión anterior de un tribunal inferior, no constituye un veredicto de culpabilidad.
Se trata de un procedimiento que permite continuar la investigación de años sobre la responsabilidad penal de la empresa basada en acusaciones altamente simbólicas de crímenes contra la humanidad.
Aún no está claro cuándo se completará la investigación y si los fiscales finalmente decidirán devolver el caso a los tribunales para pronunciarse sobre el fondo de los cargos.
La empresa logró una victoria parcial cuando el tribunal desestimó los cargos por poner en peligro la vida de su personal.
En una declaración, Lafarge calificó la decisión como una “cuestión heredada” que abordaría “a través del proceso legal en Francia” y no hizo más comentarios.
La empresa francesa, que se unió a Holcim en 2015, que cotiza en Suiza, está siendo investigada por sus operaciones en Siria desde 2016, como parte de uno de los mayores procesos penales corporativos de la historia judicial francesa reciente.
grupos islamistas
La cementera había admitido previamente, tras su propia investigación interna, que su filial siria había pagado a grupos armados para ayudar a proteger al personal de la fábrica, en medio de la guerra civil que sacudía al país durante años.
Los fiscales estadounidenses dijeron que Lafarge, a través de intermediarios, pagó al Estado Islámico y al Frente Nusra el equivalente de aproximadamente 5,92 millones de dólares entre 2013 y 2014 para permitir a sus empleados, clientes y proveedores pasar por los puntos de control después del estallido del conflicto civil en Siria.
Pero en una amarga batalla legal que involucró a decenas de abogados y miles de páginas de documentos, Lafarge rechazó algunas de las acusaciones que estaban considerando los fiscales franceses, incluida la complicidad en crímenes contra la humanidad cometidos por los grupos islamistas.
La empresa había argumentado que las autoridades francesas no tenían jurisdicción formal para presentar cargos de participación en crímenes de guerra en el extranjero, lo que el tribunal rechazó.
Pero la empresa también cuestionó si era culpable de poner en peligro las vidas de su personal local al mantener a los empleados en el trabajo en medio de una situación de seguridad en deterioro.
Lafarge había declarado que no había ninguna obligación particular de protegerlos ya que la legislación laboral francesa no era aplicable y el Tribunal de Casación siguió estos argumentos el martes.
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